¿BIC en el extranjero?

El Ministerio de Cultura ha incoado el expediente para la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC), en la categoría de monumento, de la Real Academia de España en Roma. Es la primera vez que se inicia un proceso de declaración como BIC de un edificio que se ubica fuera del territorio nacional.

La medida suscita muchas dudas ya que supone aplicar la norma española en otro territorio. Y eso no es fácil. España no tiene autoridad para aplicar esas normas, ya que no puede dar órdenes a la policía municipal de Roma o a cualquier otra autoridad italiana. Y esto supondría, a la inversa, aceptar que un Estado extranjero pudiera comprar un edificio aquí y aplicar su propia normativa de protección de patrimonio. Si España puede hacer eso en Roma, entonces Suecia, China o cualquier otro país podrían hacer lo mismo en Madrid. Y un palacete histórico de Madrid se gestionaría, conservaría o derribaría según la legislación sueca o china. El tiempo dirá si la declaración como BIC se termina formalizando.

Competencia declaración BIC

La Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español decidió en 2020 declarar la inexportabilidad de la pintura «Tancredo bautiza a Clorinda». El Real Decreto 111/1986 de desarrollo parcial de la Ley el Patrimonio Histórico Español dice que “En la Orden que efectúe esta declaración se acordará requerir a la Comunidad Autónoma en cuyo ámbito territorial se encuentre este bien para que incoe el correspondiente expediente (para incluirlo en alguna de las categorías de protección a que se refiere la Ley)”. Y en efecto se declararó el cuadro como bien de interés cultural con categoría de bien mueble. Y lo hace la Junta de Castilla y León porque se la requirió para ello por ser lugar de residencia del propietario de la pintura.

De este modo, parece que en este caso la competencia para proteger bienes declarados inexportables, se deriva, más que de la ubicación física del objeto, del lugar de residencia del propietario de ese objeto. La lógica de este criterio parece residir en el hecho de que los bienes muebles, por esencia, no tienen una sede fija que les sirve de referencia, cosa que sí sucede con el domicilio de su dueño.

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